En la tarde de este martes se dio a conocer la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados confirmando el enjuiciamiento del fiscal Osmar Legal.

De igual manera, se resolvió dejar fuera de este proceso a los agentes fiscales Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce Rolandi así como al Juez Mirko Valinotti.

La fiscal acusadora será la Abog. Carmela Ramírez, de acuerdo a lo publicado por el JEM en su cuenta de Twitter.

La acusación fue por un supuesto mal desempeño en sus funciones en el marco de la investigación abierta contra la empresa IMEDIC S.A., responsable de la compra de insumos procedentes de China durante la pandemia de COVID-19.

En este caso, se habían denunciado supuestas irregularidades en la investigación que tiene como protagonistas a Justo Ferreira y su hija, Patricia Ferreira, principales directivos de la empresa proveedora de insumos médicos.

Cabe recordar que el fiscal había imputado y solicitado prisión preventiva para los acusados en esta causa, ratificándose posteriormente en su posición, aunque el Juzgado luego decidió otorgar medidas alternativas a favor de los mismos.

En entrevista con Radio 1000, Legal cuestionó duramente la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y aseguró que esto desnuda “la arbitrariedad”. “Lo que quieren hacer es sacarme de la investigación”, añadió.

Asimismo, lamentó que haya este tipo de actuar por parte del propio sistema, dando cuenta de que no existen garantías para cumplir con su labor.

“Si me tengo que ir a mi casa por hacer bien mi trabajo, me voy a tener que ir”, sentenció.

La Comisión de Legislación del Senado recomendó la aprobación con modificaciones del citado proyecto dirigido a todas las personas con discapacidad, ya sea, físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada.

Una de las modificaciones propuestas es quelas personas con discapacidad recibirán una pensión mensual de hasta el 25% del salario mínimo legal vigente. Para ser beneficiario según lo planteado en el proyecto se debe tener nacionalidad paraguaya natural, contar con un grado de discapacidad moderada o grave.

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Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconsejó aprobar con modificaciones, de tal modo, a volver más clara la situación con relación a la población objetiva y hacerlo de manera gradual.

Sin embargo, se expuso otro dictamen por el rechazo que se fundamenta debido a la dificultad financiera que representa la aprobación del proyecto.

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Durante el desarrollo de este tema, varios legisladores manifestaron su conformidad con el proyecto. En tanto que, el senador Basilio Núñez, señaló que la iniciativa no tiene la certeza de cuántas personas están con cierto grado de discapacidad y planteó la posibilidad de trabajar en un proyecto de Ley que beneficie a personas con discapacidad severa.

El proyecto fue rechazado y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.

Próximamente, se dará a conocer este proceso a través de la página web del Ministerio de Salud, para la postulación de los interesados. Estará dirigido a profesionales que buscan acceder al primer empleo en el área de salud.

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Conforme avanzan las obras del Gran Hospital del Sur y del Hospital General de Coronel Oviedo, la cartera sanitaria trabaja en la planificación del equipamiento integral y la contratación de recursos humanos según la cartera de servicios que se ofrecerá en cada uno de estos centros asistenciales.

Al igual que el personal médico, administrativo y de apoyo, se efectuó el cálculo de dotación de recursos humanos de enfermería necesarios, que serán aproximadamente unos 1.200, según técnicos de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud y la Dirección de Enfermería.

Como política institucional, los ingresos del personal a los próximos hospitales de Coronel Oviedo y del Sur se harán por concurso.

Pese a que la Justicia confirmó el pedido de desalojo del IPS contra ocupantes irregulares de un inmueble, el exgerente de la institución, Pedro Halley, presentó una acción de inconstitucionalidad para alargar su estadía en la vivienda en la que se encuentra desde hace años sin pagar por el alquiler correspondiente.

Al respecto, el Dr. José González, director Jurídico del IPS, señaló que con esta acción de Halley, lo que busca es alargar el conflicto judicial para continuar en la vivienda. “Con este nuevo escrito que presenta se nota que no está con ánimos de salir y buscar dilatar su salida del inmueble”, sostuvo en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

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“Es una vergüenza esto, porque nosotros necesitamos recaudar y que ingresen las rentas”, agregó González.

La propiedad de la previsional se encuentra situada en el barrio Santo Domingo, de Asunción. “El inmueble está muy bien ubicado y le daría un muy buen ingreso a la institución”, acotó el director jurídico.